“La discapacidad no puede ser un tema de beneficencia ni de marketing”: Grylka cruzó con dureza a Monzón

“Las personas con discapacidad no necesitan gestos, necesitan que el Estado cumpla la Ley. Lo demás es puro spot de campaña”, disparó el abogado

Las recientes declaraciones de Daniela Monzón, dirigente vinculada a La Libertad Avanza, generaron una fuerte reacción por parte del abogado Emiliano Grylka, referente en accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad. Monzón había asegurado días atrás que “los políticos no somos todos iguales”, en alusión a una gestión que realizó en favor de una persona con discapacidad, pero el gesto fue interpretado por Grylka como un uso propagandístico de una problemática profunda y urgente.

“La discapacidad no puede ser un tema de beneficencia ni de marketing”, disparó Grylka, quien preside la asociación civil ACCEDER, compuesta por personas con discapacidad y con más de 20 años de trabajo en la materia.

El abogado, también titular de una empresa dedicada exclusivamente al traslado de niños con discapacidades motrices, fue categórico:

“¿Cómo se puede vetar una ley de emergencia en discapacidad reconociendo que el sistema está en crisis, mientras hacen marketing con bicicletas y audífonos en los medios de comunicación durante años?”.

Según detalló, Monzón se jacta públicamente de haber gestionado “dos bicicletas adaptadas para deportistas de alto rendimiento, una silla de ruedas, un implante coclear y dos audífonos”, y de haber presentado un proyecto para garantizar el acceso al trabajo para personas con discapacidad en el futuro. Pero para Grylka, ese tipo de gestos no reemplaza la obligación del Estado de aplicar políticas públicas estructurales y sostenidas.

“Está perfecto que alguien gestione una bicicleta adaptada. Pero las personas tienen derechos, no tienen que depender de la buena voluntad de un funcionario que se levanta generoso un día. Ni tampoco de que un ciudadano común quiera ayudar. Eso no es política pública, es caridad, y la caridad no garantiza derechos”, afirmó.

Grylka fue más allá y vinculó estas acciones con una matriz política más amplia que —según sostuvo— se expresa con claridad en el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, impulsada por el gobierno de Javier Milei. “El mismo Estado que reconoce que el sistema está colapsado veta una norma que proponía soluciones reales: regularización de pagos a prestadores, actualización mensual de aranceles, reforma de pensiones, fortalecimiento de la ANDIS y cumplimiento del 4% de cupo laboral en el sector público”, enumeró.

“La crisis la pagan también los discapacitados. Mientras recortan presupuesto y ajustan, venden la idea de que todo se resuelve con la gestión individual, como si fuera una cruzada personal. Eso es voluntarismo, no política pública. No respeta el derecho en su expresión real”, sentenció.

Grylka apuntó directamente contra el discurso que —según él— busca emocionar con videos o publicaciones en redes sociales, pero que no se traduce en hechos concretos que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad.

“Hacer política social no es emocionar con un video. Las personas con discapacidad no pueden quedar sujetas a la buena voluntad de Monzón o de cualquier otro. El derecho tiene que ser garantizado por el Estado”, subrayó.

Además, lanzó una crítica política más profunda:

“¿Cómo explican que reconocen una crisis tan grave que amerita declarar la emergencia, pero a la vez prometen recortar y hacen marketing con lo poquito que logran entregar? Que digan la verdad: hacen lo que les ordena el Fondo Monetario. Ajustan a los más vulnerables para garantizar la deuda externa, y mientras tanto hacen propaganda con gestos mínimos porque saben que la gente está de acuerdo con asistir a los discapacitados. Usan eso como escudo”.

En ese contexto, Grylka denunció que los efectos del ajuste ya se sienten con crudeza: “Los prestadores no cobran, los centros de día apenas sobreviven, y las personas con discapacidad vuelven a quedar a merced de un favor. Un favor que —según nos quieren hacer creer— convierte la vulneración de un derecho en una oportunidad de campaña”.

La frase final del abogado sintetizó su indignación:

“Las personas con discapacidad no necesitan gestos, necesitan que el Estado cumpla la Ley. Lo demás es puro spot de campaña”.